Ahogándose en la deuda

Apoyo para este reportaje viene del Pulitzer Center.

Un error de factura le cambió la vida a Sylvia Taylor.

La pesadilla burocrática comenzó cuando Taylor heredó la casa de su familia en Englewood. Ella necesitaba tiempo para decidir si su hija se mudaría al inmueble o si lo rentaría. Cerró el agua en 2007 para evitar que las tuberías se tronaran durante el invierno.

Siguió con su vida en su casa localizada en el barrio Bronzeville y no volvió a pensar en el agua hasta que la municipalidad le envió un aviso más de un año después, alertándola de que le cortarían el agua. Iba adjunta una factura de $1,100.

Eso la tomó por sorpresa.

Taylor dijo que habló con los departamentos de Gestión de Agua y de Finanzas de la ciudad con la esperanza de que aclararan el error. Se le recomendó registrar la casa de dos pisos con la ciudad como una propiedad vacante (no legalmente ocupada), lo que viene con una tarifa inicial de hasta $600, más $300 adicionales para renovar cada seis meses. Molesta por la terrible experiencia, Taylor se negó a pagar la tarifa. Le siguieron años de peleas con la ciudad.

Mientras tanto, la municipalidad siguió cobrándole a Taylor por el agua que no usaba y la multó por una deuda que en realidad no debía. Y la municipalidad no pudo proporcionarle un registro del uso de agua en la propiedad desocupada y sin medidor; no se cobra por la cantidad de agua que se utiliza en esas propiedades, sino por una cantidad de agua que se estima que se usará según el tamaño de la propiedad y la tubería.

En 2015, Taylor solicitó al Departamento de Gestión del Agua que enviara un inspector para verificar que el edificio estaba vacío. Un empleado de esa dependencia escribió en el reporte: “todo el edificio está vacío, corte de agua desde 2007”. Sin embargo, el reporte pasó desapercibido por años.

Casi 13 años después de que cerró el agua de la casa de su familia, la deuda había aumentado a $25,253.

La municipalidad había entablado un gravamen legal contra la propiedad, una táctica de cobro que la municipalidad ha utilizado con personas que tienen una deuda de agua acumulada. Los gravámenes legales pueden ser creados por leyes federales o estatales. Consisten en el derecho legal sobre la propiedad para asegurar el pago de su deuda tributaria y no requieren del consentimiento o de un acuerdo con el deudor.

“Cuando los llamas y les dices que no tienes agua… pero te cobran todas estas tarifas, es realmente molesto”, dijo Taylor. “Pensé que me estaban robando, realmente robada por el Departamento de Gestión del Agua”.

El caso de Taylor muestra una serie de problemas con la deuda de agua de Chicago; desde las cantidades masivas adeudadas por decenas de miles de residentes que no han podido mantenerse al día con el aumento del costo del agua en la última década, hasta el problemático sistema municipal de facturación, tarifas punitivas y tácticas agresivas de recolección.

Una investigación de WBEZ de un mes reveló que:

• Los propietarios de casa en Chicago han acumulado más de $421 millones de dólares en deudas de agua. Más del 60% de la deuda se concentra en los códigos postales donde la población es mayormente negra en la ciudad.
• El sistema municipal de cobro de deudas ha trasladado las facturas de agua atrasadas a manos de cobradores privados, con poca transparencia. Al menos $60 millones de los ingresos de agua de la ciudad se han destinado a pagar a esos cobradores privados.
• A los habitantes de Chicago se les han embargado millones de dólares en salarios de sus cheques de empleo para ayudar a saldar la deuda del agua. Y otras consecuencias legales.
• Un estimado de $775 millones en ingresos por impuestos de drenaje se asignaron al fondo de pensiones de los empleados municipales, según muestran los presupuestos de la municipalidad.

En un comunicado, un portavoz de Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, elogió los esfuerzos continuos de su administración para abordar la deuda del agua.

“La alcaldesa Lightfoot se ha enfocado en mejorar la asequibilidad del agua para los residentes de bajos ingresos desde el comienzo de su administración”, escribió César Rodríguez, secretario de prensa de Lightfoot. “La aprobación del presupuesto histórico de 2022 proporcionará fondos muy necesarios para los vecindarios que sufren desinversión, incluidos fondos para la reconexión de agua y reformas adicionales de multas y tarifas para ayudar a las personas a pagar sus deudas”.

Durante el proceso de audiencias presupuestarias, la municipalidad hizo permanente un programa piloto que la administración de Lightfoot lanzó el año pasado para ayudar a los propietarios de casa con bajos ingresos y quienes tienen deuda. La municipalidad ha asignado un total de $12 millones para perdonar la deuda de agua de los participantes desde que comenzó el programa. La municipalidad indicó que 6,300 propietarios completaron con éxito el programa durante un año y su deuda fue cancelada, según la oficina de la alcaldesa.

Andrea Cheng, comisionada del Departamento de Gestión del Agua de la ciudad, declinó comentar.

Propietarios de casa no tienen que preocuparse por desconexiones del agua por el momento, ya que la alcaldesa Lightfoot prohibió en 2019 las desconexiones de agua a propietarios que no pueden pagar. Esa medida fue impulsada, en parte, por una investigación de American Public Media/WBEZ publicada a principios de ese año, que reveló que, en una década, el costo del agua en Chicago se triplicó y más de 150,000 cortes de agua para clientes endeudados se concentraron desproporcionadamente en vecindarios negros y latinos. Ahora WBEZ ha descubierto que decenas de miles de propietarios de casa en Chicago han acumulado cientos de millones de dólares en deudas porque no pueden pagar por un recurso todos necesitamos para vivir: agua.

“Es la forma en que las ciudades están tratando de cobrar esta deuda [de agua], pero puede terminar siendo muy injusto para los clientes”, dijo Coty Montag, asesor principal del Fondo de Defensa Legal de la NAACP y autor del reporte de 2019 titulado: “Agua/Color: un estudio de la crisis de la raza y la asequibilidad del agua en las ciudades de Estados Unidos”.

Montag dijo que la deuda de agua seguirá creciendo en algunas partes de la ciudad más rápido que en otras.

“Cuando sus tarifas de agua son fuera de alcanze - y no se está tomando en cuenta a los clientes de bajos ingresos, habrá un impacto desproporcionado en los residentes negros y otros residentes de color”, dijo Montag.

El 60% de la deuda de agua está concentrada en códigos postales con población mayoritariamente negra.

Los códigos postales con la carga de deuda más alta son mayoritariamente negros o latinos mientras que la mayoría de las áreas con menor deuda son predominantemente blancas.

Y esa deuda de agua puede tener efectos profundos tanto en la riqueza generacional de las familias como en la estabilidad y la viabilidad económica de comunidades enteras a largo plazo. Que los propietarios se encuentran agobiados por una deuda de agua puede resultar en que las propiedades se descuiden y en que las comunidades se vean atrapadas por la desinversión.

La deuda de agua puede hacer disminuir el valor de una casa, evitando que se mantenga en buen estado, se venda o genere ingresos para los familiares que hereden la propiedad. Y las comunidades plagadas de cientos de esas casas están ansiosas por atraer inversión económica.

Además, algunos no les gusta la práctica de que las municipalidades cobren impuestos al agua.

“Aumentar los ingresos fiscales por medio de una factura de agua y drenaje es una de las formas más regresivas en que un gobierno puede recaudar ingresos”, dijo Manuel Teodoro, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Las municipalidades por todo el país imponen impuestos sobre el agua para financiar otros servicios, dijo Teodoro.

“Si observa la gama completa de formas en que la ciudad puede recaudar fondos, un impuesto al agua y al drenaje es extremadamente regresivo porque todo el mundo tiene que usar el agua”, dijo.

Poco después de asumir el cargo en 2011, cuando se enfrentó a su primer déficit presupuestario, el entonces alcalde Rahm Emanuel siguió los pasos de su predecesor, Richard M. Daley. Emanuel convirtió las facturas de agua y de drenaje de la ciudad en una fuente de ingresos.

Emanuel agregó un impuesto de basura y aumentó el impuesto de drenaje. En un periodo de cuatro años, las tarifas de agua de Chicago casi se duplicaron. En ese momento, Emanuel dijo que los aumentos de tarifas eran necesarios para reparar la vieja infraestructura de agua ciudad.

Esos aumentos de precios fueron aún mayores para los propietarios de casa sin medidores de agua. En 2013, la municipalidad dijo que propietarios sin medidores de agua pagaban un 25% más, en promedio, por el agua porque sus facturas se calculan según el tamaño de la propiedad y la cantidad de accesorios de plomería en lugar de la cantidad real de galones utilizados. Ese mismo año, MeterSave, un programa municipal que instaló medidores de agua gratis, superó su meta anual al instalar más de 16,300 medidores, y Emanuel anunció que el programa estaba “logrando ahorros significativos para los residentes de Chicago”.

Pero muchos propietarios que viven en la parte sur de la ciudad, como Carla Padgett, no sabían que sus propiedades no tenían medidor. Padgett y su hijo adolescente viven en una casa de dos pisos que heredó de su abuelo que incluye cinco dormitorios y dos baños. Ella dice que usan muy poca agua, gracias a las duchas militares que le enseñó su padre, pero sus facturas recientes de agua y drenaje son de aproximadamente $1,400 en promedio cada seis  meses.

Antes de divorciarse en 2015, Padgett comenzó a atrasarse en sus facturas de agua, que solo siguieron subiendo cuando Emanuel implementó un impuesto al drenaje en 2017 además del aumento anterior.

El impuesto al drenaje se creó, específicamente, para ayudar a pagar la gigantesca deuda de pensiones de los empleados municipales, que se encontraba cercana a $19 mil millones cuando el impuesto se aprobó. Emanuel dijo que el impuesto protegería a los contribuyentes de Chicago de “soportar la carga de los crecientes costos de las pensiones en el futuro”.

“No solo estamos abordando las finanzas de la ciudad, nos aseguramos de que miles de trabajadores puedan jubilarse con dignidad y seguridad”, dijo Emanuel en un comunicado de prensa después de que el Concejo de la Ciudad de Chicago aprobara el impuesto.

Pero la solución de Emanuel al problema de las pensiones alimentó una nueva crisis de la deuda del agua. Aumentó la carga financiera de Padgett y muchos otros habitantes de Chicago que todavía se estaban recuperando del aumento en las facturas de agua y de drenaje que Emanuel aprobó años antes. Miles de propietarios de Chicago se estaban endeudando porque no podían mantenerse al día.

Emanuel no pudo ser contactado para comentar sobre este reportaje.

Desde que se implementó el impuesto al drenaje, las facturas de agua de Padgett aumentaron y su deuda se acumuló a un ritmo más rápido que en años anteriores. En 2017, le facturaron alrededor de $1,100 cada seis meses. Para abril de 2019, su factura había aumentado casi un 30% a $1,415. Continuó haciendo pagos, pero no lo suficiente para cubrir todas las facturas. Hoy, le debe a la municipalidad más de $8,000, según muestran los registros de  facturación.

“No nos vamos de vacaciones. No hacemos nada extravagante. No compro mucha ropa”, dijo Padgett.

Mientras Padgett intentaba pagar la deuda, comenzó a investigar. Una organización sin fines de lucro local le contó sobre el programa municipal MeterSave.

Pero para entonces ya era demasiado tarde. La municipalidad suspendió el programa MeterSave en 2019 luego de que una investigación del Chicago Tribune encontró niveles elevados de plomo en el agua de los hogares con los nuevos  medidores.

Hay casi el doble de hogares sin medidor en los códigos postales con población mayoritariamente negra de Chicago en comparación con los códigos postales con población mayoritariamente blanca, encontró un análisis de WBEZ.

Esas casas no solo tienen facturas de agua más altas, sino que también conllevan una carga de impuestos más alta.

Padgett tendría que gastar más de dos semanas de sus ingresos para pagar la factura que recibió solo en abril de 2019.

Teodoro dice que los residentes de Chicago de clase trabajadora, como Padgett, están gastando una porción mayor de sus salarios en facturas de agua y drenaje que otros para ayudar a equilibrar los presupuestos de la ciudad. Pero los impuestos a los servicios públicos son particularmente regresivos.

“Mi consejo es: resista la tentación, cobre impuestos honestamente”, dijo Teodoro. “Los impuestos al agua y al drenaje suponen una carga desproporcionadamente pesada para la población que tiene menos capacidad para pagar”.

Un estimado de $775 millones en ingresos por impuestos de agua y drenaje se asignaron al Fondo de Anualidades y Beneficios de los Empleados Municipales desde que el impuesto se implementó en 2017, según un análisis de WBEZ de los documentos presupuestarios municipales.

Naomi Davis, fundadora y directora ejecutiva de Blacks in Green, una organización sin fines de lucro que aboga por la justicia ambiental, ayudó a propietarios de casa en Chicago sin agua. Davis coordinó la distribución de agua para propietarios sin agua en sus casas durante la pandemia y trató de ayudarlos a ellos y a otras personas a lidiar con sus cuentas atrasadas. Esos esfuerzos han sido difíciles, dijo.

“Sabíamos que existían programas y fondos para reducir la deuda de agua y evitar desconexión de agua, pero esta información no fue transmitida de manera rutinaria y consistente por los representantes de servicio al cliente”, dijo  Davis.

Davis trabajó junto con otras organizaciones locales durante la pandemia para reconectarle servicios de agua a los residentes de Chicago y proporcionarles agua embotellada gratuita. Mientras conocían a los propietarios que estaban navegando con desconexiones de agua y facturas altas, estas organizaciones comenzaron a ayudarles a estos propietarios de casas a interactuar con el Departamento de Gestión del Agua.

“Cuando le llamábamos al Departamento de Gestión del Agua, con la autorización de un contribuyente, y queríamos administrar el proceso o facilitar una solución”, dijo Davis, “lo que encontramos consistentemente fue que no había una calidad constante, el representante de servicio al cliente no estaba proporcionando información coherente”.

Davis dijo que la “absoluta disfunción o incompetencia” del Departamento de Gestión del Agua y su “cultura de hostilidad e indiferencia” ha perjudicado de manera desproporcionada a los habitantes de raza negra de Chicago y señaló los antecedentes de racismo documentados de esa dependencia.

El liderazgo del Departamento de Gestión del Agua estuvo plagado de escándalos bajo Emanuel.

En 2017, el comisionado de dicho departamento, Barrett Murphy, se vio obligado a renunciar después de solo un año en el trabajo cuando se supo que circulaban correos electrónicos racistas y sexistas entre los empleados y que el propio Murphy participó reenviando un correo electrónico ofensivo.

La Oficina del Inspector General de Chicago, Joseph Ferguson, descubrió correos electrónicos “que se extendían a los niveles superiores de la administración del departamento”, según los reportes, mientras investigaba las acusaciones de que un superintendente de distrito usó su cuenta de correo electrónico de la municipalidad para vender armas. Al final de esa investigación, la oficina de Ferguson recomendó despedir a tres empleados del Departamento de Gestión del Agua.

El 12 de mayo de 2017, Emanuel nombró a Randy Conner como nuevo comisionado. A Conner, quién es afroamericano, se le asignó la tarea de arreglar una agencia con una cultura de racismo. El expresidente del Caucus Negro del Concejo Municipal, el concejal Roderick Sawyer, del Distrito 6, describió “la cultura del racismo” en el departamento como un “secreto a voces durante años”.

Un mes después de que Conner fuera nombrado, siete empleados negros presentaron una demanda federal alegando que se les negaron promociones, fueron sometidos a insultos raciales y fueron acosados ​​sexualmente debido a su  raza.

“Sí, he escuchado la ‘palabra que comienza con la n’ repetidamente”, le dijo un ingeniero en jefe asociado de operaciones al Chicago Tribune.

Durante una audiencia del Concejo Municipal, David Moore, concejal del Distrito 17, localizado al sur de la ciudad, exhibió una foto de un camión del Departamento de Gestión del Agua con una soga colgando en frente del tablero como evidencia de la cultura racista existente en el departamento.

Cuando Connor se retiró en diciembre, la subcomisionada Andrea Cheng intervino temporalmente y luego fue nombrada comisionada. Davis, de Blacks in Green, dijo que este nombramiento fue una oportunidad perdida para un cambio real en esa dependencia.

“Tampoco hay evidencia de que ella haya tomado alguna posición contra los desequilibrios estructurales y el tipo de resultado draconiano que se produjo con las personas negras y latinas bajo el sistema actual”, dijo Davis. “Ahora, estamos situados para ver más de lo mismo”.

Padgett no tiene conocimiento de la historia del departamento, pero cuestiona el sistema represivo de la colección de deudas. Sus finanzas empeoraron durante la pandemia. En 2020, cuando se ordenó el cierre de las escuelas y se impartió educación remota, ella perdió su trabajo. Sin ingresos, su deuda siguió creciendo. A principios de este año, llegó a más de $8,000 e incluía más de $1,700 en multas.

“Esto es una locura… Si ya se me hace muy difícil pagar mi hipoteca”, dijo Padgett. “No tiene ningún sentido. ¿Por qué penalizar a la gente por el agua? No entiendo”.

Padgett dijo que estaba orgullosa cuando heredó la casa de su abuelo, quien fue la segunda persona afroamericana en tener una casa en la cuadra. El árbol genealógico de Padgett tiene sus raíces en esta casa. Después de servir en el ejército, su abuelo se mudó de Mississippi a Chicago en la década de 1950 y se estableció en el vecindario de Greater Grand Crossing. Plantó un pino en su jardín delantero. Ahora es más alto que el edificio y es el único árbol de este tipo en la cuadra.

“Si ese árbol pudiera hablar, es por eso que puedes ver que tengo una foto puesta en él, las historias que el árbol pudiera contar”, dijo.

Decenas de familiares se han sentado debajo de ese árbol y también han hecho de la casa su hogar.

“Todos los miembros de la familia de mi abuelo y de la familia de mi abuelo del sur se quedaron en este edificio”, dijo.

El divorcio de Padgett y luego perder su trabajo desencadenaron una serie de dificultades financieras que la llevaron a la quiebra. Pero la creciente deuda de agua es desestabilizadora.

Padgett no gana lo suficiente para mantenerse al día con sus facturas de agua. Pero gana demasiado para calificar para el programa Utility Billing Relief, que la administración de Lightfoot dijo que creó el año pasado para ayudar a los dueños de casa de bajos ingresos. Según el programa, los propietarios que califican obtienen un descuento del 50% en sus facturas de agua y drenaje y son elegibles para que se les perdonen sus deudas. La Asociación de Desarrollo Económico y Comunitario del Condado de Cook, o CEDA por sus siglas en inglés, ayudó a la municipalidad a inscribir a más de 15,000 hogares.

“No quiero llegar a perder mi edificio por una factura de agua”, dijo Padgett después de recibir una carta de un bufete de abogados con respecto a su deuda. Recientemente se enteró de que la municipalidad puede emitir embargos contra las propiedades a dueños con deudas atrasadas. Dijo que le teme a los agresivos cobradores de deudas que a menudo la llaman o le envían cartas. “No es como si tuviera una opción”, dijo Padgett, conteniendo las lágrimas. “ Necesito el agua”.

El 1 de marzo de 2021 su factura de agua atrasada se dictaminó por $5,669. Esa suma incluye cientos de dólares en multas y costos, como una tarifa de $350 para pagar un abogado privado que representó a la municipalidad en una audiencia administrativa donde se tomó el fallo. Padgett perdió la audiencia porque no recibió el aviso a tiempo.

Como una de tantas partes en la línea de una fábrica, Padgett se encuentra entre las decenas de miles de residentes de Chicago que navegan por un sistema de cobro de deudas desconocido con pocos controles y contrapesos que ofrece poco espacio para negociar el pago de cientos de millones de dólares colectivamente adeudados a la Ciudad de Chicago.

Durante la mañana de un caluroso y húmedo sábado de verano, el juez de derecho administrativo Joseph Chico está al frente de una pequeña corte dentro del Departamento de Audiencias Administrativas. Ese departamento fue creado hace más de 20 años para agilizar la aplicación de las infracciones al código municipal, manteniéndolas fuera de la corte de circuito del condado. Esta corte administrativa ha adjudicado más de 100,000 casos relacionados con facturas de agua en deuda durante la última década.

En este día, la agenda de Chico está ocupada con 59 casos antes del mediodía.

“La Ciudad de Chicago contra Luis y Cristina Infante”, lee Chico en el expediente.

Cristina Infante y su esposo, Luis, se sientan cerca del pequeño micrófono. Pero es su hermano, Pedro, quien responde a las preguntas del juez. Infante trajo a su hermano para traducir durante la audiencia. Luego de dos minutos de discusión, Chico emitió su dictamen. Encontró a los Infante responsables de $4,969.85 en facturas de agua vencidas. Ese total incluía una tarifa administrativa de $25. El juez canceló la tarifa de $350 para cubrir la comparecencia del abogado privado que representó a la municipalidad, algo poco común en las audiencias administrativas.

Infante dijo que esperaba que el juez mostrara compasión. Quería decirle al juez que su familia no tenía ingresos desde que su esposo sufrió un derrame cerebral en 2019 que lo dejó paralizado.

“Nuestras vidas cambiaron por completo”, dijo la residente de Pilsen de 59 años. “Él se enfermó y yo también. Y no pudimos pagar todas nuestras facturas”.

Pero Infante nunca tuvo la oportunidad de explicar la situación de su familia. Esta fue su segunda audiencia en diez años.

Ella dijo que el abogado privado que representa a la municipalidad solo estaba interesado en inscribirla en un plan de pago.

A diferencia de los Infante, la mayoría de los propietarios convocados en la última década nunca llegaron a la corte. Los jueces administrativos emiten sentencias por defecto cuando los dueños no asisten a sus audiencias. Casi nueve de cada 10 casos relacionados con una deuda de agua terminaron con sentencias por defecto.

Los críticos cuestionan la falta de transparencia y el debido proceso del sistema. Sin embargo, los funcionarios del departamento no estuvieron de acuerdo. En una declaración, el departamento escribió que “se brinda una cantidad significativa de debido proceso” y que los propietarios tienen hasta 21 días para presentar una moción para “anular las sentencias por defecto”.

WBEZ entrevistó a decenas de propietarios que se retrasaron en sus facturas de agua. De los propietarios que dijeron que habían sido contactados por un cobrador de deudas, ninguno sabía de las cortes.

Ya sea por defecto o por fallo durante las audiencias, los dictámenes son herramientas poderosas de ejecución. Se convierten en la base con la cual los cobradores de deudas van detrás de los cheques de pago de propietarios con deudas de agua. .

La municipalidad subcontrató el cobro de deudas a ocho bufetes de abogados privados que se quedan con el 25% del dinero que recaudan. Dado que a los bufetes de abogados se les paga por contingencia, su persecución es  agresiva.

Los cobradores de deudas han embargado $8.8 millones en salarios y recaudado $26.4 millones de sentencias desde 2013. La municipalidad también presentó embargos legales, o gravámenes, contra 4,500 propietarios entre 2010 y 2012. No está claro cuántos de esos embargos se han ejecutado o perdonado. La municipalidad dijo que dejó de emitirlos en 2012.

Cuando se le preguntó acerca de poner fin a esa práctica, el Departamento de Finanzas de la ciudad dijo en un comunicado que “los gravámenes ya no son eficientes en costos”.

Desde 2010, los residentes de Chicago han pagado más de $937 millones para abordar sus facturas de agua atrasadas y las tarifas adicionales asociadas con esa deuda. Los ocho bufetes de abogados contratados para cobrar esas deudas colectivamente han tomado una tajada de más de $60 millones de ese total.

“La municipalidad intenta cobrar la deuda pendiente de servicios a través de una serie de facturas y avisos de cobranza”, escribió el Departamento Legal en un comunicado cuando se le preguntó si contratar bufetes de abogados privados era la forma más eficiente de cobrar la deuda de agua.

La municipalidad proporcionó cartas de retención con cada uno de los bufete de abogados privados desde 2013. “Los bufetes de abogados externos se eligen en función de un proceso de evaluación que incluye experiencia en un campo en particular, experiencia legal, reputación profesional, evaluación de clientes anteriores y las necesidades y evaluaciones de los departamentos del cliente [la Ciudad de Chicago]”, escribió el Departamento Legal en un  comunicado.

Semanas después de que el exalcalde Richard M. Daley ganara las elecciones especiales de 1989 y asumiera el cargo por primera vez, enfrentó su primer desafío importante: un déficit presupuestario estimado en $120 millones. Durante los siguientes meses, Daley se centró en las deudas, incluidas las facturas de agua, como una fuente de ingresos madura.

“Estoy poniendo fin a la idea de que la Ciudad de Chicago no se toma en serio la recaudación del dinero que se le debe”, dijo Daley en agosto de 1989. “Ninguna empresa puede mantenerse a flote si ignora sus cuentas por cobrar y ningún gobierno puede justificar usar los fondos de los contribuyentes para encubrir un sistema de recaudación deficiente”.

Daley comenzó a tratar de obtener apoyo para su idea de utilizar el Departamento de Gestión del Agua como una forma para obtener ingresos municipales. En 1989, su administración exploró estrategias legales para cobrar facturas de agua atrasadas, según documentos internos.

Daley lanzó un programa agresivo de cobro de deudas, que incluía ir tras los empleados municipales con facturas de agua atrasadas. La municipalidad también fue tras 75 cuentas de agua endeudadas al presentar gravámenes contra esas propiedades con el plan de seguirlos con procedimientos de ejecución hipotecaria. La municipalidad también inició 30 demandas contra individuos.

“Como resultado de estos esfuerzos, la municipalidad recaudó aproximadamente $174,000”, escribió Kelly R. Welsh, el asesor corporativo municipal en ese momento, en un memorando.

Al año siguiente, con la ayuda de Daley se aprobó una nueva ordenanza que estableció un nuevo modelo de cumplimiento que incluía una manera para que la municipalidad emitiera embargos legales contra propiedades con facturas de agua atrasadas. La ordenanza, que todavía está en los libros, también permitió a la municipalidad imponer interes, multas y tarifas.

Luego, en 1997, después de pasar dos años elaborando estrategias para hacerlo realidad, Daley dirigió al Concejo Municipal para aprobar una ordenanza que creó el Departamento de Audiencias Administrativas. Daley quería encontrar una forma más rápida de hacer cumplir las infracciones del código de la ciudad, incluidas las multas de estacionamiento.

“Daley ha perseguido agresivamente los delitos civiles y penales menores, bajo el concepto de ‘ventanas rotas’ de que las pequeñas ofensas conducirán a otras mayores”, coescribió Jim Reilly, el primer director del Departamento de Audiencias Administrativas, en un reporte de la Universidad de Pepperdine en 1998. “El Departamento de Audiencias Administrativas está a la vanguardia de la misión de la municipalidad y suele ser el primer contacto de un ciudadano con el proceso cuasi judicial”.